El ayuntamiento de Móstoles desahució en 1972 al último arrendatario de El Soto, Martín Gilbar Dueñas. Los dos años anteriores el arrendamiento de la finca entera había producido una renta de unas 100.000 pesetas anuales y en 1970 se valoraba el predio en 1 millón, si bien seis años después se había revalorizado hasta tasarse en 20 millones de pesetas.

Panorámica de El Soto en los años ochenta

En 1969 Móstoles empezaba su despegue demográfico y expansión urbanística, que le convertiría en una ciudad dormitorio en unos pocos años. El consistorio ya pensaba a lo grande y planteaba acogerse a una subvención estatal para construir un polideportivo en el municipio, preferiblemente en terrenos de propiedad municipal.

En 1971 se encargó al arquitecto Alejandro Cañada Peña la redacción de un proyecto de polideportivo y jardín botánico y se decidió su emplazamiento en El Soto, en el extremo más oriental de la finca, próximo a las promociones de viviendas que se iban a edificar (COPASA, Horizonte, etc.). El consistorio aportaría 15 millones de pesetas y la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes otros casi 3 millones y medio para la primera fase.

La ejecución de esta primera fase fue adjudicada en 1972 a la empresa Tetrac Ibérica S.A., por más de 10 millones de pesetas de presupuesto.

En 1973 se aprobó un proyecto de segunda fase elaborado por el arquitecto municipal Aurelio Mendoza de Arroquia, con casi 6 millones de presupuesto, si bien al adjudicárselo a Tetrac se quedó en 5.610.000. Las nuevas instalaciones deportivas se valoraron en 10.105.718 pesetas.

En 1974 el arquitecto municipal diseñó una tercera fase, con pabellón cubierto, con un presupuesto de 15.300.000 pesetas, planteándose construir piscinas y graderío para la pista de atletismo. La Junta Provincial de Educación Física y Deportes ofreció 660.000 pesetas de subvención para la segunda fase del polideportivo y 4.950.000 para la tercera. Se adjudicaron las obras, una vez más, a Tetrac, por más de 10 millones las de las gradas y más de 3 las piscinas, aparte de otros 2 millones para el sistema de iluminación. El polideportivo fue inaugurado el 25 de junio de 1974, adjudicándose al poco tiempo la ejecución de la tercera fase, ofreciendo entonces la Delegación Provincial de Educación Física 19 millones de pesetas de subvención.

Vista aérea del polideportivo a mediados de los años setenta

En 1975 el ayuntamiento adjudicó a la empresa Ecisa la ampliación de las piscinas por casi 6 millones de presupuesto, invirtiendo casi 15 y medio en las gradas y otros 6 y medio para construir un restaurante (cuyo presupuesto menguó al año siguiente a 9 millones y medio). Se adjudicaron, asimismo, las obras de la tercera fase a la misma empresa, por casi 22 millones de pesetas, y por otros 1.300.000 debía construir una pequeña depuradora de aguas residuales para el complejo deportivo. La Delegación Provincial ofreció esta vez casi 2 millones y medio de subvención para la tercera fase y casi 20 para la piscina cubierta, si bien al adjudicar las obras, también a Ecisa, se quedaron en 17 millones. Igualmente, se encargó la construcción de una pared lateral que cerrase el frontón. En el Pleno de la corporación municipal celebrado el 31 de diciembre de 1975 se acordó bautizar el polideportivo con el nombre del ex alcalde mostoleño que lo promovió, Victorino Rodríguez Manzano, si bien en otro Pleno extraordinario del 22 de septiembre de 1976 se rebautizó como Ciudad Deportiva Andrés Torrejón, nombre que conserva aún en homenaje al célebre alcalde de 1808.

En 1976 se presupuestaron 37 millones y medio de pesetas para la construcción del pabellón cubierto, si bien aumentó la cantidad final a 43 millones y se destinaron otras partidas a obras menores. El 29 de noviembre fue inaugurado con un partido amistoso de voleibol entre las selecciones nacionales de España y la República Popular China. El complejo, valorado ahora en 90 millones de pesetas, comprendía  cinco piscinas, una pista de atletismo, cuatro de tenis, una polideportiva, siete campos de fútbol (uno de ellos cerrado con graderíos) y un circuito permanente de moto-cross, este ubicado en lo que sería más tarde el Parque Natural. Se calculaban 130 millones de pesetas invertidas a lo largo de los últimos años para construirlo.

Vista del pabellón cubierto en los años ochenta

A partir de 1977 el ayuntamiento alquiló la cafetería del polideportivo a particulares y se fijaron las cuotas y precios del club. Se presupuestaron 25 millones de pesetas más para ejecutar la segunda fase del pabellón cubierto. El mismo año el consistorio aceptó inicialmente la oferta de la empresa William de Cock Bunnings para construir una escuela de equitación en una parcela de 10.000 m² en El Soto, aunque el proyecto nunca se materializó porque suponía la cesión de espacio público para una actividad minoritaria en la localidad, lo que despertó las protestas ciudadanas; el mismo año la Diputación Provincial de Madrid concedió una subvención al municipio de 14 millones de pesetas que debían invertirse en la construcción de una pista de hockey de hierba, cuatro de tenis y otras dos polideportivas con vestuarios, cosa que tampoco prosperó.

En 1978 se adjudicaron más obras a Ecisa, por más de 3 millones de pesetas, y en julio de ese año se aprobó la creación del Patronato Municipal del polideportivo, constituyéndose en enero de 1979 la Junta Rectora del mismo, presidida por el alcalde, siendo aprobados los estatutos en diciembre de aquel año.

Vista del pabellón cubierto y el frontón en los años noventa

Entre 1977 y 1980 el Estado construyó una variante o circunvalación de la carretera de Extremadura N-V, entre Alcorcón y Móstoles, dada la insuficiente capacidad y congestión de la antigua (hoy Avenidas de Móstoles y de Portugal, en ambos municipios, respectivamente). El trazado de la nueva autovía atraviesa la finca municipal El Soto, suprimiendo un campo de fútbol con gradas recientemente construido en aquel entonces. A pesar de las protestas del consistorio, la carretera acabó construyéndose y la corporación municipal hubo de trasladar el campo de fútbol al Oeste de la autovía, el actual campo municipal del Club Deportivo Móstoles, el que por cierto fue reformado para convertirlo en un campo de hierba –con 30 millones de pesetas de inversión- y reinaugurado en enero de 1995 con un partido entre el club mostoleño y el Atlético de Madrid

Vista cenital del polideportivo en 1975, señalando en rojo el trazado de la autovía N-V por encima de unas pistas de fútbol

En 1998 se arreglaron los otros campos de fútbol construidos a principios de los años ochenta junto al anterior, con una inversión de unos 100 millones de pesetas. En 2003 el consistorio les dotaría con hierba y el nuevo alcalde del PP, Esteban Parro, los reinauguraría rebautizados como Campos de Fútbol Iker Casillas, en homenaje al portero del Real Madrid y Selección Española.

La explotación económica de El Soto por parte del consistorio no varió mucho en las tres primeras décadas del siglo XX.

Continuó arrendando los pastos de invierno al mejor postor, para una cantidad de cabezas de ganado lanar que variaba entre las 500 y 700 y una puja inicial de 250 a 750 pesetas. Los pastos de verano se destinaban a entre 265 y 290 cabezas de ganado de labor.

Hubo plagas de langosta que hubo que combatir en 1906 y 1907.

Los terrenos rasos de pastoreo siguieron sumando 64 Ha. y se cobraba un canon a los labradores que tenían alquiladas algunas parcelas en la finca, para usos agrícolas. En concreto, se cultivaban 44 Ha. de la finca, en las que a comienzos de los años veinte se sembraban legumbres, cereales y hortalizas, debiendo respetar los colonos los pocos árboles de ribera que iban quedando con el paso de los años.

Entre 1922 y 1932 el arrendamiento de los pastos, entre los meses de julio y septiembre, se orientó al ganado porcino, limitando el ayuntamiento la entrada a entre 200 y 250 cabezas, fijándose en esos años la puja mínima en 250 pesetas. Algunos años, como en 1925 y entre 1930 y 1932, se permitía indistintamente el pastoreo de cerdos u ovejas, y en otros como 1928 sólo el de ganado lanar.

Estos pastos eran los de la rastrojera, pues entre los meses de octubre y julio en los años 1923, 1924 y 1925 se arrendó toda la superficie rasa de la finca para cultivos de cereales y legumbres, previendo recaudar el ayuntamiento, por este concepto, un mínimo de 1.000 pesetas de renta en total al año.

Se repitieron las talas puntuales de árboles, en concreto álamos negros, como las que se realizaron en 1923, 1924 y 1926 para vender la valiosa madera obtenida.

La explotación agrícola de toda la finca no se vuelve a documentar en la segunda mitad de los años veinte, por lo que desconocemos si se seguía practicando. De seguro, sabemos que se mantuvo el arrendamiento de la rastrojera de verano para ganado porcino o lanar hasta el año 1932, ya en la II República.

Ese año, con motivo de la Reforma Agraria que pretendía poner en marcha el Gobierno republicano, surgieron multitud de cooperativas obreras agrarias para explotar de forma colectiva fincas agrícolas. En Móstoles apareció la Sociedad de Obreros de la Tierra de Móstoles (La Mostoleña), que concertó con el ayuntamiento el arrendamiento de El Soto, por 4.000 pesetas anuales. A tal acuerdo se opusieron algunos terratenientes, obstaculizando la labor de la sociedad obrera, pero lo cierto es que esta pudo explotar de forma colectiva la finca durante cuatro años seguidos; la cosecha del año 1933 se valoró en 30.000 pesetas y la de 1934 se esperaba produjese entre 45.000 y 50.000 pesetas de beneficio; beneficio que se repartía entre los socios, de forma equitativa. La colectividad hizo mejoras por valor de 150.000 pesetas: arreglar el camino principal que la atravesaba, construir una alberca y plantar más de dos centenares de higueras y olivos, que no prosperaron por los avatares posteriores; además trasladaron a un lugar más resguardado el lavadero que acostumbraban a usar las mujeres mostoleñas en días soleados, para lavar y secar la ropa (costumbre antigua, según tengo entendido, a pesar de existir desde 1852 un lavadero artificial en el propio pueblo). En abril de 1936 la cooperativa había construido una red de riego con presa, canales y un pozo con un motor de impulsión Diésel, comprado a la casa De Laval S.A.E., para suministrar agua a la superficie de regadío que se había habilitado.

El Soto y la caseta de La Mostoleña en 1936

El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 y la consecuente evacuación de casi todo el vecindario entre octubre y noviembre del mismo año, ante la inminente cercanía de las tropas de Franco, obligó a los trabajadores de La Mostoleña a abandonar para siempre la empresa en la que tanto empeño y esfuerzo habían dedicado los últimos años en la finca de El Soto. En 1937 el consistorio acordó arrendarla para usos agrícolas por una renta de 4.000 pesetas, en 1938 la dividió en diez partes que se arrendaron a cuatro vecin@s y en 1939 la dio en arrendamiento a Constantino Lluch Tomás, ex alcalde y terrateniente de la villa, por 6.000 pesetas anuales y durante cuatro años, pudiendo explotar él la finca entera para cultivo y pastoreo y reservándose el ayuntamiento el arbolado. Al haber dejado sin terminar de pagar la extinta sociedad obrera La Mostoleña las instalaciones de regadío, tuvo que hacerse cargo de ello el arrendatario, quien, en 1948 y 1951, cuando ya no la cultivaba, reclamó la propiedad de dichas instalaciones argumentando que las había terminado de pagar de su bolsillo, pero el consistorio se la denegó.

A partir de 1943 el ayuntamiento aplicó la siguiente fórmula para explotar la finca, rentabilizándola al máximo en una época dramática como la posguerra, en la que las dificultades económicas del erario público mostoleño se hacían casi insalvables: se reservó el consistorio la arboleda –se hicieron talas y podas para vender madera en 1940, 1942, 1944, 1950, 1951 y 1952–, el aprovechamiento de los pastos y rastrojera, y el resto de la superficie se destinó a usos agrícolas, arrendando a los labradores más necesitados –por sorteo- las 94 parcelas en que quedó dividida, por períodos de cuatro años y una renta que variaba entre las 50 y 200 pesetas anuales por parcela, según la calidad del terreno. Además estudiaba el consistorio convertir la finca  en una explotación de regadío, conforme a las aspiraciones de la política económica del gobierno franquista de aumentar considerablemente la superficie de regadíos en todo el país, si bien esta pretensión quedó estancada muchos años, aunque algunas parcelas continuaron sembrándose de hortalizas y de hecho, su arrendamiento se prolongó más allá de 1947.

A partir de 1945 el ayuntamiento arrendó todos los años al mejor postor la explotación de la rastrojera, por período anual y una renta que fue creciendo de las 2.050 pesetas iniciales a 50.000, veinte años después. Como vemos, los aprovechamientos económicos del terreno se multiplicaban con el tiempo para maximizar su rentabilidad.

Vista aérea de El Soto en 1946

En 1950 la arboleda se reducía a 3 hectáreas, 32 áreas y 80 centiáreas de superficie.

En 1951 se repetía el sorteo de 93 parcelas agrícolas, con rentas que oscilaban entre 75 y 300 pesetas anuales.

En 1957 se construyó un sistema de captación de agua potable, con una galería subterránea y una caseta con motores de gasolina para la elevación e impulsión del agua al pueblo, a través de una tubería que iba a parar a un depósito junto al cuartel de la Guardia Civil y desde el que se suministraba agua, primero a tres fuentes públicas y desde los años sesenta, progresivamente, a todas las viviendas del casco urbano, aunque este sistema se quedó obsoleto e insuficiente a los pocos años y hubo que aumentar la potencia de los motores antes de construir otros pozos de captación en otros puntos del término municipal, para contribuir al suministro de agua potable a una creciente población. Como curiosidad, decir que la casa que se construyó para residencia del guarda de los motores, que era funcionario, es la que hace hoy de W.C. y ha sido recientemente arreglada, después de medio siglo de existencia.

En 1958 el ayuntamiento retomó la propuesta de transformar El Soto en una finca de regadío y hasta planificó construir en ella una ermita dedicada a San Isidro, lo que nunca se concretó. Desde ese mismo año y durante una década arrendó también el derecho a cazar en exclusiva. En 1959 la renta de las parcelas variaba entre 200 y 750 pesetas anuales, pero muchos colonos renunciaron por las dificultades económicas que implicaba la explotación de las parcelas y los abusos que cometían muchos terratenientes, que acababan acaparando en la práctica buena parte de ellas, de modo que se echaba a perder el fin social del arrendamiento. Hasta 43 parcelas fueron arrendadas a la Diputación Provincial de Madrid por tiempo indefinido, otra al guarda de los motores de agua y otras cuatro al Grupo de Dragones de Alfambra –destacamento militar instalado en la villa, en el cuartel donde muchos han hecho la mili-, para cultivos de regadío.

Vista aérea de El Soto, con sus límites en rojo, en 1956

Entre 1961 y 1968 también se arrendaba al mejor postor el derecho de recoger el fruto de la almendra en la arboleda, por rentas que oscilaron entre las 6.000 y más de 17.000 pesetas anuales.

Vista aérea de El Soto en 1961

En 1961 y 1962 se llevaron a cabo las dos últimas talas masivas de álamos y olmos, cortándose más de 1.200 ejemplares y reduciendo así el sotobosque a su mínima expresión. La finca tenía 54 Ha. cultivables, que se dividían en 87 parcelas, algunas de las cuales no tenían quien las cogiese en arrendamiento. La superficie total era de 65 Ha. y en 1963 unas 53 se arrendaron por sorteo por un período de diez años, divididas en 89 parcelas, si bien otras cuatro que mantenía alquiladas el Grupo de Dragones de Alfambra, se prorrogaron otro año más, presentando un tal Martín Gilbar Dueñas un proyecto para explotarlas y extender a toda la finca el regadío, lo que no se llevó a cabo, si bien el ayuntamiento la mantuvo alquilada a este individuo unos años más, mientras se debatía en el Pleno la posibilidad de construir una plaza de toros y transformar en regadío una superficie de 40-45 Ha. con riego de los propios pozos y captaciones de la finca. Estas propuestas no prosperaron, y Martín Gilbar se retrasó en el pago de la renta ya a finales de los sesenta, por lo que el ayuntamiento le denunció y a comienzos de los setenta se hicieron gestiones para desahuciarle definitivamente de la finca, con una indemnización de 50.000 pesetas, dado que el contrato de arrendamiento, de diez años (desde 1964), no había finalizado.

Vista aérea de El Soto en 1975

Al entrar en la Edad Contemporánea los mostoleños ya sólo denominaban El Soto a la finca que ocupaba los terrenos donde hoy se emplazan el Parque Natural, la depuradora, los campos de fútbol, la A-5, las piscinas y el polideportivo Andrés Torrejón, pues el sotobosque que en tiempos pasados se extendía por casi toda la ribera del arroyo del Soto, habría desaparecido (casi) por completo, a excepción del Soto de Arriba, Soto de Abajo y El Soto.

Las dificultades económicas del erario público mostoleño se agravaron en el siglo XIX, con el aumento de la presión fiscal y, sobre todo, la Desamortización de Madoz, decretada en 1855, por la que se venderían casi todas las fincas rústicas y urbanas del consistorio, pasando del patrimonio público al particular y condenando a la Hacienda local a nutrirse de ingresos fundamentalmente fiscales, minimizando así los que procedían de los propios, esto es, inmuebles productivos.

A mediados del siglo XIX se había convertido en una costumbre casi anual el que el ayuntamiento arrendase, al mejor postor, el aprovechamiento de los pastos de invierno de los prados y eras de trillar de la villa (los pertenecientes a los propios del municipio), entre ellos El Soto. El período del arrendamiento solía abarcar los meses de noviembre, diciembre y enero y el rematante de la puja podía llevar sus rebaños lanares a pastar a estos prados, de forma exclusiva –nadie más los podía aprovechar sin su consentimiento, aunque probablemente se dieron casos de subarriendos a terceros-. La cantidad mínima que hemos documentado el remate del arrendamiento fue de 1.640 reales y la máxima de 4.700; la cantidad de cabezas que podían entrar a pastar oscilaba entre las 500 y las 800. Casimiro Reyes y Cesáreo Rubio, dos importantes propietarios mostoleños de ganado en la época, ganaron la puja varias veces en esos años.

De vez en cuando también sacaba a pública subasta el consistorio las ramas que obtenía de la poda de las arboledas del término municipal, entre ellas la de El Soto, aunque en otras ocasiones talaba lotes de árboles, generalmente olmos o álamos negros, puesto que esta madera proporcionaba pingües beneficios (tenemos documentadas podas y talas en 1802, 1838, 1841, 1847, 1851, 1856, 1858 y 1859, aunque seguramente hubo más).

En 1863 El Soto se componía de 30 fanegas de tierra de primera clase, 55 de segunda y 75 de tercera, lo que totalizaba 160 en total, que debía de ser la superficie de la finca entera.

El Soto en mapas de mediados del s. XIX

En 1865 se sacaron a la venta, en el proceso desamortizador decretado por Madoz, los prados de Móstoles: Valdegutiérrez, Regordoño y las Eras de Arriba y de Abajo, aunque el consistorio logró mantener la propiedad de El Soto al ser declarada dehesa boyal, de explotación comunal por el vecindario. Los plantíos de Arriba y de Abajo también fueron enajenados a manos particulares, permaneciendo hasta los años setenta del siglo XX el primero, aunque el segundo fue talado.

A partir de entonces la finca de El Soto fue la única que le quedó al ayuntamiento, por lo que su explotación económica se intensificó en un intento por rentabilizarla aún más. Continuaron arrendándose los pastos de invierno, con posturas que oscilaban entre las 180 y las 755 pesetas, permitiendo la entrada de un número de cabezas de ganado lanar variable entre 150 y 650, según el año. Sin embargo, entre los meses de abril o mayo y septiembre la finca se reservaba para el pasto gratuito del ganado de labor de los labradores mostoleños que dispusieran de él, tal y como había sido siempre, aunque las autoridades –el ingeniero jefe del Distrito Forestal de Montes de Madrid- limitaban el número de cabezas a 40 de vacuno, 20 de asnal, 10 de caballar y  200 de mular –si bien este último límite había menguado desde las 280 cabezas permitidas durante la I República-, y se contabilizaban un total de 44 Ha. de pasto, tanto los de invierno como los gratuitos de verano. Seguramente los meses de marzo y octubre, donde se concentran las lluvias de primavera y otoño, se impedía el uso de la finca para permitir la recuperación del pasto y crecimiento de la hierba. El consistorio nombraba unos muleros para desvedar los pastos de verano y se penalizaba a aquel ganadero que metiese ganado distinto del permitido en aquellos meses.

En 1885 se medían 107 Ha. de superficie total de la finca, en su mayoría rasa, y en 1888 el terreno acotado destinado a pastoreo había aumentado a 64 Ha.

En 1890 se prolongó el período de aprovechamiento de los pastos de invierno al 31 de mayo –sólo ese año- y el ayuntamiento acordó reducir el terreno de pasto –tanto privativo como público- a 10 Ha,. dividiendo el resto del terreno raso de la finca en 80 parcelas que se adjudicarían por subasta a diferentes vecinos labradores para su explotación agrícola, por tres años. Sin duda, esta medida trataba de rentabilizar todavía más la finca, en un momento económicamente delicado para las arcas locales.

En 1893 se amplió al mes de marzo el período de aprovechamiento privativo de los pastos de invierno, y para los pastos gratuitos de verano se limitó ese año el número de cabezas mulares a 100.

En 1894 se volvió a la habitual explotación ganadera de las 64 Ha. rasas de la finca.

En 1897 y 1898 se volvió a limitar el número de cabezas a 5 de ganado vacuno, 10 de mular, 10 de asnal y 10 de caballar para los pastos comunales de verano. En esos dos años el consistorio realizaba algún tipo de explotación agrícola en la finca, porque se trataba en las sesiones plenarias del modo de aprovechar la rastrojera (la hierba que queda después de la recolección de julio y agosto) y de imponer un canon a los labradores que tuviesen alquiladas parcelas roturadas en la finca.

Tenemos noticias de que el ayuntamiento tuvo que combatir plagas de langosta en la finca en los años 1891, 1895 y 1896.

Recientemente, una vez más internet nos ha brindado una información maravillosa.

En dos artículos sobre la guerrilla en la Guerra de la Independencia, de Antonio Carrasco Álvarez, publicados en 2007 y 2010 en la Revista de Historia Militar, se cita un documento del Archivo General de Simancas, al que he tenido acceso; se trata de un informe remitido en julio de 1810 por el presidente de la Junta Criminal Extraordinaria de Madrid, Domingo Agüero y Neyra, al ministro de Justicia de José I Bonaparte. En el documento da cuenta del interrogatorio hecho a un tal Juan López, que acusaba a un boticario de Carabanchel Bajo, Juan Ortiz Caballero, de participar dos años antes en partidas guerrilleras; este boticario fue detenido y declaró que, el 12 de julio de 1808, había participado con un tal Pedro Serrano, natural de Lucena (Córdoba) y convecino suyo, en el asesinato de varios franceses; incluso afirma que se presentaron en Andújar ante el célebre general Castaños para entregarle unos documentos interceptados a dichos franceses. Confesaba el tal Ortiz Caballero que este Pedro Serrano había formado una quadrilla de la que se autoproclamó capitán y que lideró para interceptar correos franceses en la zona. No hemos logrado hallar ninguna referencia más sobre este capitán Pedro Serrano, pero los datos que este informe da de él encajan a la perfección con lo aportado por Esteban Fernández de León y Manuel de Valle:

-En ambos casos se trata de un Pedro Serrano de origen andaluz, en concreto de la localidad cordobesa de Lucena.

-El que fuera vecino de Carabanchel Bajo puede explicar por qué se unió a Fernández de León, seguramente en el cercano Alcorcón o de camino allí, donde León dice que paró con su familia en su trayecto hacia Móstoles –seguramente para almorzar, al mediodía del 2 de mayo de 1808-. En efecto, si examinamos mapas antiguos, veremos que del Puente de Toledo partía un camino que atravesaba Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo y continuaba hasta Alcorcón, que con toda probabilidad fue el que siguió Fernández de León en aquella turbulenta mañana de mayo. Como señala Fernández de León, Serrano estuvo presente en las matanzas de Madrid y debió de ser él quien le relató con pelos y señales, en Alcorcón, lo que había vivido aquella trágica mañana.

-Resulta muy llamativo, a mi juicio, que tanto el testimonio de Fernández de León como el de Ortiz Caballero antepongan al nombre de Pedro Serrano el exclusivo tratamiento de Don; dignidad que, sin duda, el propio andaluz se empeñaría en que usasen los demás para nombrarle, infundiendo el suficiente respeto como para lograrlo.

-En ambos casos aparece como líder de un grupo de hombres armados, con una misión claramente anti francesa. La diferencia es que, según Fernández de León, los del 2 de mayo eran soldados –no sabemos si esto era cierto-, aunque no especifica qué tipo de relación tenían con Serrano, y los del 12 de julio eran convecinos de aquel, pero en cualquier caso el andaluz tenía el suficiente carisma y liderazgo para encabezar una partida de hombres.

-También en los dos casos Pedro Serrano se presenta como un hombre capaz de llevar a cabo singulares hazañas patrióticas: el 2 de mayo la de transportar el Bando de los Alcaldes de Móstoles hasta Badajoz, y el 12 de julio unos correos franceses hasta Andújar. Sin duda, lo suyo era matar franceses y viajar lejos para contribuir a la causa patriota.

Si en ambos casos se trata de la misma persona, es plausible conjeturar que Pedro Serrano fuese un patriota convencido, que empezó a actuar contra los franceses el mismo 2 de mayo; que horrorizado con las matanzas de Madrid se decidió a acaudillar de forma espontánea un grupo de soldados descarriados, o quizá antes, uniéndose a los que ya desde mediados o finales de abril promovían sentimiento de hostilidad hacia los que ya creían invasores de España. Su actuación a comienzos de mayo de 1808 es coherente con la que tuvo en julio, desconociendo nosotros si dirigió más acciones guerrilleras durante el conflicto bélico. Ortiz Caballero dice que le perdió la pista en Sevilla y no volvió a saber nada más de él, pero en un documento del Archivo Histórico Nacional reaparece en marzo 1816, solicitando licencia a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte para ejercer de latonero en la Villa y Corte, lo que indica que ni postillón ni militar; Serrano seguramente fue artesano.

Otra gran novedad que puedo aportar, con motivo de las fiestas del Dos de Mayo, este año, es la posible identificación de Pedro Serrano.

La persona que llevó el Bando de los Alcaldes de Móstoles hasta Badajoz merece el reconocimiento de su mérito, ya que cabalgó durante muchas horas para entregar la misiva al capitán general interino de Extremadura, el III conde la Torre del Fresno, Toribio Grajera de Vargas.

La tradición local mostoleña, que empezó a hacerse notar en los periódicos y algunas obras impresas de finales del siglo XIX, atribuía tal proeza a un tal Antonio Hernández, un postillón hijo del alcalde ordinario por el Estado General en 1808, Simón Hernández, al que esa misma tradición –aunque este detalle se perdió- señala como maestro de postas en aquella época.

No hemos logrado confirmar, documentalmente, que Simón Hernández fuese maestro de postas, ni que su hijo fuese postillón, pero vamos a dar un voto de confianza a la tradición local en estos puntos. Sí que tenemos documentado a dos Antonio Hernández en la época –en concreto, en un padrón de 1816-, los cuales, para diferenciarse entre sí, usaban como apelativo o segundo apellido “de Manuel” y “de Simón”, por el padre; sobra decir cuál de los dos era al que nos referimos. También aparece con esta denominación en otro documento de mediados del siglo XIX; he tenido acceso a sus partidas de bautismo y defunción, por lo que sabemos que nació en 1779 y murió en 1854 y que se llamaba Antonio Leocadio.

Frente a la tradición, que se basa en relatos orales transmitidos de generación en generación, lo que los somete a la deformación propia de una memoria volátil, parcial e interesada como la humana, tenemos dos documentos que prueban que Antonio Hernández no fue el mensajero del bando. Una carta dirigida por el escribano del ayuntamiento, Manuel de Valle Marroquín, al corregidor de Talavera de la Reina el 13 de octubre de 1808 –y que se custodia en el Archivo Municipal de dicha ciudad-, menciona claramente a un tal Pedro Serrano como tal mensajero. Igualmente, en la relación de méritos autobiográfica que presentó en 1814 Esteban Fernández de León al rey, principal testimonio de un protagonista de los hechos del 2 de mayo de 1808 en Móstoles, también cita a Pedro Serrano en estos términos (téngase en cuenta que en su relato, Fernández de León escribe en tercera persona):

-“…salio a la tarde de Alcorcon para el Pueblo de Mostoles con su familia, y acompañado de Don Jose de Ybarra, Don Manuel Garcia Presbitero, y Don Pedro Serrano, a quien asociaban seis soldados españoles…”.

-“Adopto Villamil el pensamiento, y en presencia de Leon se lo comunico a los Alcaldes, que accedieron gustosamente a el, y al momento extendio Villamil el oficio, que firmaron aquellos y a las 7 de la tarde del mismo dia 2 de Mayo se despacho en posta con el enunciado Don Pedro Serrano, que se ofrecio a llevarle hasta las Andalucias, de donde era natural”.

-“Hizo tal impresion esta circular del Consejo, que habiendo el Capitan General de Extremadura despachado un oficial con la de los Alcaldes de Mostoles por el camino Real de la Provincia a las Andalucias, quedandose en Badajoz el conductor D. Pedro Serrano, le llamo el mismo, o siguiente dia el Gobernador Conde de Torrefresno, y manifestandole el aviso del Consejo le hizo severo cargo de la impostura que contenia el que habia presentado como de los Alcaldes de Mostoles, y aseverandole Serrano la certeza de este oficio, y de la horrible y sangrienta escena de Madrid, en que se hallo el 2 de Mayo, le dijo que se huyese inmediatamente, como huyo de Badajoz, porque el pueblo irritado en extremo contra los franceses con el primer aviso, habia por el segundo convertido su furor contra el, y le buscaban para matarle”.

La relación de méritos de Fernández de León no tuvo trascendencia historiográfica alguna hasta que Nicolás Pérez Jiménez, académico de la Real Academia de la Historia, publicó fragmentos de la misma en la Revista de Extremadura, en los meses de abril y mayo de 1908, con motivo del Centenario del inicio de la Guerra de la Independencia. Sin embargo, los hechos narrados por León, expuestos a la luz desde entonces, no calaron todavía en las narraciones y referencias a la gesta del Dos de Mayo de 1808 en Móstoles, y sólo se empezaron a tener en cuenta a finales del siglo XX, a pesar del magnífico estudio del historiador Antonio Rumeu de Armas del año 1940.

De modo que la opinión pública y el propio consistorio no reemplazó la versión tradicional por otra más ajustada al relato de Fernández de León, hasta hace relativamente pocos años. Desde entonces no se habla casi nunca de Antonio Hernández –solo los trasnochados que no se informan debidamente-, y se tiene en cuenta la figura de Pedro Serrano, lo que es justo y apropiado, pero se sigue cometiendo el error de decir que era postillón, se le sigue tildando “El Postillón” de acuerdo a la tradición, porque sigue habiendo un céntrico bar mostoleño así llamado.

El Alcalde de Móstoles declara la Patria en peligro (Antonio Pérez Rubio, 1881)

Lamento comunicaros, queridos convecinos mostoleños, que si la tradición estaba equivocada respecto al papel de Antonio Hernández, no se puede seguir sosteniendo que Pedro Serrano era postillón, extrapolándole a él el oficio del mostoleño Hernández. Ni en la carta de Manuel de Valle ni en la relación de méritos de Esteban Fernández de León, las únicas fuentes que hablan de él, se menciona la ocupación de Pedro Serrano, ni mucho menos que fuese postillón. Es más, es bastante improbable que tuviese ese oficio. Los postillones eran unos mozos que guiaban por los caminos a los viajeros que usaban el servicio público de postas. Las postas consistían en unos itinerarios de Correos que aprovechaban los principales caminos del reino; para garantizar la rápida difusión del correo, particular y público, existía una casa de postas en cada trecho de 15-20 Km. del itinerario, donde el encargado –el maestro de postas- tenía preparados varios caballos. El mensajero cogía el caballo en una casa de postas y galopaba a toda velocidad hasta la siguiente, donde cambiaba de equino para continuar hasta la próxima y realizar la misma operación; esta especie de carrera de relevos permitía agilizar los viajes al no agotar a un solo caballo. Los postillones tenían la obligación de guiar al viajero de una casa de postas a la siguiente en el itinerario y luego regresar a la originaria con el caballo empleado; también llevaban el correo ordinario, reflejándose claramente en los reglamentos que un postillón no podía ir más allá de la siguiente casa de postas del itinerario.

Con estos razonamientos descarté que Pedro Serrano fuese postillón, y deduje que debía de ser militar, dado que Esteban Fernández de León le asociaba al mando de seis soldados españoles. Incluso, llegamos a pensar que estos constituían una escolta asignada por las autoridades para proteger a Fernández de León en su camino hasta Móstoles, para comunicar sin problemas a Villamil su nombramiento como vocal de la Junta sustituta de la Suprema de Gobierno, y las instrucciones a seguir.

Como me gusta documentar adecuadamente las cosas, acudí al Archivo Militar de Segovia, donde pregunté si tenían algún expediente de un militar llamado Pedro Serrano, de origen andaluz, que hubiese vivido entre los siglos XVIII y XIX. Muy amablemente, me remitieron las hojas de servicio de dos individuos con ese nombre que encajaban en mi descripción, pero sus servicios no encajaban apenas con lo poco que sabíamos de nuestro Pedro Serrano, por lo que su identificación siguió constituyendo un misterio.

La Junta de Gobierno había escrito al monarca en los últimos días de abril de 1808 en secreto, ofreciéndole un plan para empezar la resistencia contra los franceses:

“1.º si convenía autorizar á la Junta á sustituirse en caso necesario en otras personas, las que S. M, designase, para que se trasladasen á parage en que pudiesen obrar con libertad, siempre que la Junta llegase á carecer de ella; 2.° si era la voluntad de S. M. que empezasen las hostilidades, el modo y tiempo de ponerlo en execucion; 3.° si debía ya impedirse la entrada de nuevas tropas francesas en España cerrando los pasos de la frontera; 4.° si S. M. juzgaba conducente que se convocasen las Cortes dirigiendo su Real decreto al Consejo, y en defecto de éste (por ser posible que al llegar la respuesta de S. M. no estuviese ya en libertad de obrar), á cualquiera Chancillería ó Audiencia del reyno que estuviese libre de tropas francesas”.

La respuesta del rey Fernando, aceptando esta propuesta, llegó demasiado tarde a sus ministros regentes. El día 6 de mayo se vio presionado para devolver la Corona a su padre, Carlos IV, quien había renunciado a ella a favor de Napoleón. Los decretos conocidos como Abdicaciones de Bayona llegaron por correo oficial a toda prisa a Madrid, pero la carta en la que Fernando autorizaba a sus regentes para romper hostilidades tardó más, a pesar de ser anterior, debido a que el mensajero tuvo que desviarse y atajar por caminos secundarios para evitar que los franceses la interceptasen. Así, cuando les llegó a los miembros de la Junta de Gobierno, ya habían tenido que obedecer los decretos por los que se traspasaba el trono de España a la familia Bonaparte, habiendo llegado al punto, incluso, de que el general francés Murat, que comandaba las tropas acuarteladas en Madrid, había ocupado la presidencia de dicha Junta y la manejaría a su antojo en adelante.

Sin embargo, en la tarde del 1 de mayo, a menos de 24 horas de que estallara la rebelión popular en la capital, el infante Don Antonio, tío de Fernando VII y presidente, en ese momento, de la Junta de Gobierno, tomó una difícil decisión. Don Antonio Pascual de Borbón fue uno de los más convencidos de que había que plantar cara a Napoleón, y sus acciones iban encaminadas en este sentido, pero no tuvo más remedio que plegarse a lo que la ineptitud de su sobrino había provocado. Como decía, en la tarde del 1 de mayo, estando en Palacio, llamó ante sí a varias ilustres personalidades a su presencia y, cumpliendo con el primer punto de la propuesta antes mencionada, les nombró miembros de una segunda Junta, que debería sustituir en secreto a la de Gobierno cuando esta quedase inoperativa ante el creciente intervencionismo francés, lo que ya era inminente (de hecho, Don Antonio abandonó la presidencia el 4 de mayo, reemplazándole Murat). Estos personajes eran tres militares y tres políticos: el capitán general de Cataluña, José de Ezpeleta, el capitán general de Castilla la Vieja, Gregorio García de la Cuesta, el teniente de la Armada Real y consejero de Marina, Antonio de Escaño, el consejero de Órdenes y alcalde de Casa y Corte, Felipe Gil de Taboada –sobrino de Francisco Gil de Lemus, ministro de Marina-, el consejero de Castilla Manuel de Lardizábal y, finalmente, el secretario del Consejo de Marina o Almirantazgo, Juan Pérez Villamil. Todos estuvieron presentes en su nombramiento secreto, salvo el primero y el último, a quienes se debía avisar secretamente–en concreto, a Ezpeleta le llevaría el mensaje un brigadier que simulaba su regreso a Italia-; debían partir cuanto antes a un lugar seguro, libre de tropas francesas, que sería la ciudad de Zaragoza. Allí, una vez que hubiesen confirmado la inoperancia de la primigenia Junta de Gobierno, y una vez que el monarca cautivo les hubiera autorizado para ello, debían tomar las riendas del país.

Infante Don Antonio Pascual de Borbón

Hasta ahora esta circunstancia no parece haber llamado mucho la atención de los historiadores de la Guerra de la Independencia, pero para mí tiene mucha importancia, ya que implica que se pretendía dirigir y coordinar el levantamiento general contra Francia por parte de las máximas instituciones del Estado, pues era el modo que correspondía a una monarquía absoluta. En Cataluña y Castilla la Vieja, los capitanes generales de estas regiones militares podían organizar sus ejércitos contra los invasores, dado que eran las zonas donde había ya ocupación francesa; el máximo responsable de la Armada española, Antonio de Escaño, quedaba también implicado en el plan secreto, y el hecho de incluir tres políticos con experiencia y devoción por el rey Fernando, aportaba el elemento civil a la nueva Junta. Villamil fue nombrado, según cuenta el conde de Toreno, vocal suplente en lugar de Gaspar Melchor de Jovellanos, que se esperaba regresase pronto de Mallorca. Ninguno llegó a tomar posesión del cargo ni llegaron a reunirse nunca en Zaragoza, al precipitarse los acontecimientos. La algarada del 2 de mayo, las Abdicaciones de Bayona y la reacción posterior, surgiendo Juntas provinciales y locales, echaría por tierra la intentona de los gobernantes de liderar la resistencia patriótica, que acabó gestándose de forma descoordinada, aunque se logró formar un ejército que venció por primera vez a las tropas napoleónicas en Bailén –julio de 1808-.

He querido hacer esta larga introducción de dos post previos, porque la considero muy necesaria, para aclarar las circunstancias políticas que dieron como fruto el Bando de los Alcaldes de Móstoles. Desde luego, estos hechos eran ya conocidos por la historiografía, pero no se les dio demasiada relevancia, ni tampoco los historiadores han caído en la cuenta de que el bando mostoleño es la consecuencia directa de aquellas circunstancias.

Aparte de reivindicar la importancia de lo explicado, he de anunciar por fin la verdadera novedad. Hasta ahora sospechábamos que la Junta de Gobierno había hecho llegar a Juan Pérez Villamil su nombramiento e instrucciones a Móstoles, donde se había retirado a descansar a finales de abril de 1808 –en una casa de campo de su propiedad-, mediante Esteban Fernández de León, pero este punto no estaba del todo claro.

El hallazgo de un libro, publicado por la Real Academia de la Historia a mediados del siglo XIX, con una biografía del antes mencionado Antonio de Escaño, aportaba varios datos muy interesantes, pero al tratarse de una fuente secundaria obligaba a emplearla con cierta prudencia. Indagando sobre dicho libro, averigüé que, para elaborar su discurso –elogio- a Escaño, el militar que estuvo sirviéndole, José de Vargas Ponce, empleó un manuscrito de puño y letra del propio Escaño, titulado Papel sobre los sucesos de Aranjuez del año 1808 que pueden servir para la Historia de la Rebolucion, el cual hallé en la misma Real Academia de la Historia (Colección Vargas Ponce, Sig. 9/4230 o volumen 57). Al parecer, en el escrito biográfico, Vargas Ponce había transcrito casi literalmente fragmentos del manuscrito de su elogiado Escaño, pero es este manuscrito el que realmente tiene interés para mí por constituir una fuente primaria, al provenir de primera mano de un protagonista de los sucesos que nos ocupan, y de ahí el título de estos post. Transcribo a continuación el fragmento del relato de Escaño que nos interesa para nuestra investigación:

“El día 1º de mayo se me llamo a Palacio y a las dos de la tarde pase a la Camara del señor Infante Don Antonio para enterarme de una comision que debia desempeñar en union a los generales Ezpeleta y Cuesta, con los ministros de los Consejos Lardizabal y Villamil y el alcalde de Corte Don Gil y Lemos (sic); en efecto, a D. Manuel de Lardizabal se le encargo de extender la instrucción, y dandosenos ordenes simuladas debiamos salir el dia siguiente Lardizabal, Gil, yo y Villamil, que por estar en un pueblecito llamado Mosteles me encargue de avisarle, como lo hize. Vesamos la mano del señor Infante y nos preparamos al viage; falto carruaje para el dia 2 pero sali el dia 3 con dos ayudantes; tambien salio Gil y Lemos (sic) pero no lo pudieron verificar Villamil y Lardizabal. Las instrucciones se me debian dirigir a mi a la ciudad de Teruel, y si a mi llegada no estaba el pliego, lo debia buscar en Zaragoza o Valencia. Pase a Teruel, no estaba el pliego y dejando un ayudante para recivirlo si llegaba después, segui a Valencia donde me encontre con la orden terminante de bolber a Madrid; hize  llamar al ayudante que habia dejado en Teruel y a su llegada emprendi el viage de buelta, persuadido que seria para reunirnos en Andalucia, por estar la parte septentrional de Aragon ocupado de franceses. El 29 de mayo llegue a Madrid, me presente a D. Francisco Gil y Lemos, ministro que era de Estado y Marina, y me dijo que la instrucción se habia dirigido a Ezpeleta, pero que enterado Murat de su contenido por individuo de la Junta de Gobierno, habia sido preciso despachar ordenes para que se quemase sin leerla, y para que nos retirasemos los que habiamos salido, como en efecto se verifico”

Antonio de Escaño

Este fragmento es de suma importancia, pues no sólo confirma el nombramiento de los vocales sustitutos de la Junta de Gobierno, sino también las instrucciones que el infante Don Antonio les dio y, aún más importante, que Juan Pérez Villamil se hallaba ausente, en Móstoles, debiendo encargarse el propio Escaño de avisarle, cosa que dice que efectivamente hizo (ambos eran miembros del Consejo de Marina o Almirantazgo). Al señalar que no tuvo disponible carruaje para partir de Madrid hasta el día 3 de mayo, se plantea la duda de cómo avisó a Villamil. Es fácil deducir que aquí entró en juego Esteban Fernández de León, quien había ocupado importantes cargos en Ameríca y se hallaba residiendo en la capital sin destino fijo; este, como en su relación de méritos de 1814 decía, había dispuesto un viaje a su pueblo natal –Esparragosa de Lares (Badajoz)-, para refugiarse allí ante lo delicado de las circunstancias, y partió la mañana del 2 de mayo, cogiéndole por sorpresa el estruendo de la algarada popular cuando salía de la Villa y Corte por el Puente de Toledo. Escaño debió de encargar a Fernández de León el transmitir a Villamil su nombramiento y las instrucciones de forma secreta, aprovechando que, de camino a Extremadura por la carretera, pasaría por Móstoles, donde se encontraba el interesado. Por tanto, se confirma prácticamente así la sospecha que teníamos de que el encuentro entre Fernández de León y Villamil en Móstoles no fue una casualidad. Sin embargo, el extremeño no contó en su relación de méritos –que presentó en 1814 al rey para justificar su actuación patriótica durante la guerra, ya que reclamaba una pensión de ex consejero de Estado que le habían retirado- nada de esto, posiblemente porque ni era conveniente ya, acabada la guerra, recordar al monarca el fracaso de sus regentes en el inicio del levantamiento militar, pues además estaban en el exilio acusados de afrancesados, ni tampoco querría reconocer todo el protagonismo que tuvo Villamil, pues como señalo, en su relación de méritos trataba de subrayar y destacar sus propias hazañas patrióticas.

Pero, si todo esto ya es de por sí algo inédito, todavía lo es más otro fragmento del manuscrito de Antonio de Escaño, que dice así:

“…La comision simulada se expresa en los oficios de la carpeta nº 1, pero el objecto de la instrucción era el encargarnos del govierno de la monarquia, luego que supiesemos estar depuestos o prisioneros los individuos del consejo que lo tenian, dando en este caso a la nacion manifiesto llamandola a la guerra, organizando exercitos y buscando medios para sostenerlos, a fin de rechazar la fuerza que se opusiese a la buelta de nuestro rey y señor”

 Estas frases arrojan luz sobre un misterio no desvelado nunca hasta ahora, el por qué se gestó el Bando de los Alcaldes de Móstoles. No fue una improvisación fruto del ardor patriótico del momento, como se ha insistido siempre, sino que se materializó como parte de un plan premeditado, comunicado por Fernández de León a Villamil, y que buscaba movilizar a la población española para acudir en defensa del rey Fernando VII, ya considerado cautivo de los franceses.

Sin embargo, y esto ya son valoraciones propias, aunque bien fundamentadas, este plan hizo aguas por todas partes. Primero, porque Villamil se precipitó al redactar unilateralmente el manifiesto, cuando ni se había reunido con sus compañeros de la Junta sustituta, ni había tomado posesión formal del cargo, ni mediaba autorización expresa del monarca para romper hostilidades con Napoleón; la Junta de Gobierno primigenia siguió rigiendo los designios del país un mes más, a pesar de la apocalíptica situación que se pudo imaginar Villamil al relatarle Esteban Fernández de León y –quizá- otras personas la masacre perpetrada por las tropas de Murat en la capital. Mantengo que Villamil, horrorizado en extremo por los sucesos –según Fernández de León, ni siquiera estaba enterado de los oscuros planes de Napoleón para con la Corona española, que aunque muchos lo sospechaban, no se confirmaron hasta el último momento- fue carne de cañón para su colega León -de quien tenemos referencias, por otras fuentes, que era “esencialmente inclinado a enredos, disputas y a comprometer a los demás”-, quien posiblemente le espoleó para adelantarse y difundir él mismo el manifiesto, de forma unilateral.

Pero Villamil, insigne jurista e historiador, hombre de leyes con una amplia carrera, y acostumbrado a someter toda decisión importante a una escrupulosa legalidad –a pesar de lo precipitado que resultaba-, debió de pensar que, al firmar el manifiesto con su propia rúbrica, sería rechazado por ilegítimo, dado que aún no se había notificado a ninguna otra autoridad su nuevo cargo y funciones, lo que le restaría eficacia; en cambio, aceptó la genial idea, propuesta por Fernández de León, de firmarlo los dos alcaldes ordinarios que ese año había en Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, emulando de este modo un atípico bando o circular emanada de una autoridad municipal. Villamil se dejó convencer para proceder de esta manera, por dos poderosas razones: una, eficaz, el que la rúbrica de los alcaldes permitiría despachar el manifiesto en posta, permitiendo su rápida difusión por la vía más rápida que existía entonces para enviar correo urgente; la otra, más teórica que práctica, fundamentada en que, como el propio Villamil sostenía en un folleto publicado meses más tarde, según las leyes tradicionales de Castilla –en concreto las Siete Partidas de Alfonso X, que aún seguían vigentes como Derecho supletorio-, correspondía a los pueblos del reino –entiéndase los pueblos encabezados por sus ayuntamientos- emprender la defensa del mismo cuando los enemigos del rey lo invadían, no siendo necesario más que el advertir su presencia en territorio nacional, y sin que mediase permiso de autoridad alguna para emprender acciones defensivas; naturalmente, esta ley anacrónica se contemplaba en un ordenamiento jurídico del siglo XIII, propio de una monarquía autoritaria y bastante descentralizada, apoyada en los poderes locales, embarcada en constantes guerras fronterizas y expediciones de pillaje, pero no resultaría apenas eficaz a comienzos del siglo XIX, en un régimen absolutista.

Y no resultó eficaz, convirtiéndose un fracaso estrepitoso, por mucho que los libros de Historia lo pinten como un hito en la Historia de España, porque sólo unas pocas autoridades movilizaron recursos y hombres para acudir al socorro de Madrid, y otras muchas cuestionaron la legitimidad que tenían unos humildes alcaldes de pueblo para lanzar a los cuatro vientos semejante proclama patriótica -esperarían que tal cosa la hiciese un regente del rey o alguien de similar rango-, a la que aún no estaban acostumbrados los españoles en mayo de 1808; es más, las dudas se despejaron cuando el ministro de Guerra, O’Farril, dirigió un implacable bando el 3 de mayo a todos los súbditos españoles menospreciando la rebelión popular del día anterior en la capital, ya reprimida, y ordenando mantener la paz, el orden y la armonía con los franceses. Otros bandos, emanados del Consejo de Castilla, el propio Murat y otras autoridades, siguieron esta línea y amenazaron con duros castigos a los que osasen turbar la tranquilidad pública, por lo que se cumplieron sin dilación, al respetar las autoridades la jerarquía militar, obedeciendo a la cadena de mando que emanaba del rey y sus ministros.

Resulta pues, contradictorio, el que el mismo ministro que había colaborado en la preparación secreta de un levantamiento general, actuase de este modo, pero es que las circunstancias le obligaban a hacerlo, ofreciendo la Junta de Gobierno una actitud dócil y sumisa ante los franceses de forma oficial, en virtud de los tratados firmados, mientras en secreto se preparaba para la guerra, si bien estos planes no pudieron prosperar por la renuncia del monarca a la Corona, y al final sus regentes no tuvieron más remedio que colaborar con el nuevo rey, José Bonaparte, si bien fue esta decisión final la que marcó su destino, especialmente en el caso de O’Farril y Azanza, ya que nunca pudieron deshacerse del sambenito de afrancesados. Quizá, especulando un poco, en el fondo lo fueran, pero colaboraron con el infante Don Antonio, artífice del plan secreto, porque era el presidente de la Junta y único miembro de la Familia Real que podía plantear la resistencia armada de España contra Francia; quizá estos ministros pecaron de precaución y docilidad, pero en cualquier caso, ese es un juicio histórico que no nos corresponde ni nos interesa.

La Guerra de la Independencia no comenzó definitivamente hasta semanas más tarde. Cuando se difundió, por medio de la Gaceta de Madrid, los decretos de las Abdicaciones de Bayona, cundió la indignación general y entonces fue cuando tuvieron lugar una serie de reacciones en cadena que llevaron al inicio de la guerra. La Junta General del Principado de Asturias declaró la guerra a Napoleón el 25 de mayo y la Junta Suprema de España e Indias, radicada en Sevilla, hizo lo propio el 6 de junio de 1808.

En un post anterior expliqué que, si bien el texto del Bando de los Alcaldes de Móstoles fue improvisado a toda prisa en la tarde del 2 de mayo de 1808 por Juan Pérez Villamil, lo cierto es que su gestación no fue espontánea como se pretende, sino premeditada.

En efecto, aunque muchos autores plantean el inicio de la Guerra de la Independencia como un estallido popular, y es cierto que el pueblo tuvo un papel protagonista en esto, desde luego la insurrección no estuvo liderada por la plebe, sino por altos cargos militares, altas dignidades eclesiásticas y altos magistrados civiles, agrupados en autoproclamadas Juntas de carácter local o regional.

Sin embargo, esta “anárquica” forma de empezar la guerra no era la intención que tenían las élites políticas del momento. Hay muchos autores que han estudiado cómo, a medida que la presencia de tropas de Napoleón se consolidaba en España en la primavera de 1808, surgía una hostilidad creciente hacia ellas, por parte de diversos sectores de la sociedad española, entre los que había incluso aristócratas y miembros del gobierno de Fernando VII, investido en el trono tras el Motín de Aranjuez de marzo de 1808. La lectura de la memoria que los entonces ministros de Guerra y Hacienda, Gonzalo O’Farril y Miguel de Azanza, publicaron en 1815 desde París -para justificar su conducta en aquellas turbulentas semanas de abril y mayo de 1808, por las que habían sido condenados por su supuesto afrancesamiento-, revela, como confirman otros documentos de la época, la preocupación creciente de los ministros del rey para con la situación. Se vieron obligados a contener las ansias de muchos, incluso las suyas propias, de romper hostilidades con Francia, dada la creciente actitud invasiva de los ejércitos de Napoleón, pero el escrupuloso cumplimiento de las escasas instrucciones orales dejadas por el monarca, y la excesiva prudencia diplomática, fueron causas de que la Junta de Gobierno constituida el 10 de abril de 1808 por Fernando VII a su marcha de Madrid –para reunirse con Napoleón, de quien esperaba su reconocimiento como rey, dada su reciente entronización y la necesidad de renovar el apoyo del poderoso emperador francés-, no pudiera evitar los acontecimientos y la tensión acabaría estallando la mañana del 2 de mayo con un motín o algarada popular en Madrid contra las tropas francesas allí acuarteladas; motín que, según algunos autores, estalló gracias a la agitación de unos pocos alborotadores contratados por aristócratas conspiradores para forzar la situación.

Carlos IV y Fernando VII

Napoleón Bonaparte y Joachim Murat